La ley exige que todo vehículo de transporte público colectivo que haya cumplido su vida útil, debe ser retirado de circulación y sometido a un proceso de cauterización. Con la resolución 1192 de 2000 y con algunas modificaciones en el 2004, se decretó que las entidades encargadas de desintegrar y chatarrizar estos autobuses deben expedir a las empresa o a los propietarios particulares, un certificado en el que se legalice el proceso de inhabilitación del vehículo para seguir circulando.
El Concejal Federico Gutiérrez, quién está detrás de este proceso Medellín, dio una rueda de prensa el pasado 10 de marzo donde le advirtió a los ciudadanos y a los medios, la necesidad de adelantar este proceso para evitar el caos vehicular e igualar a ciudades como Bogotá y Cali, que han logrado grandes avances en este tema.
Las empresas autorizadas para realizar el procedimiento de chatarrización, deben constatar con los propietarios los siguientes datos: el tipo, marca y modelo de vehículo, la matrícula, el número de chasis, el número de motor y finalmente la inhabilitación definitiva del vehículo para prestar el servicio de transporte público. Según el Concejal Gutiérrez, después de finalizada esta etapa, el propietario recibirá entre 65 y 70 millones de pesos.
De cada 1300 pesos que se paga al abordar un bus de transporte urbano, 26 pesos van a un fondo común destinado a este proceso. En Medellín, en lo que va corrido del 2009, solo 4 vehículos han sido inhabilitados y reducidos a chatarra, y si espera al menos 100 vehículos más para ser desmantelados.
Respecto a lo anterior, desde el 2008, la Contraloría exigió tener chatarrizados para enero de 2009, el 100% de los vehículos que hayan culminado con su ciclo de utilidad. Hasta ahora son 20 empresas las sancionadas por el incumplimiento de este plazo, y la situación de las otras 23 aún se desconoce.